El reciente reglamento de extranjería aprobado por el Gobierno ha provocado una fuerte reacción por parte de diversas organizaciones sociales. Ocho ONG han decidido recurrir ante el Tribunal Supremo algunos de los aspectos de la norma, al considerar que vulnera derechos fundamentales. Según informa eldiario.es, los colectivos denuncian que el texto endurece los requisitos para acceder a la regularización administrativa y dificulta la reagrupación familiar, lo que afectaría negativamente a miles de personas en situación irregular.
Uno de los puntos más cuestionados es la modificación de los criterios para obtener la residencia por arraigo. CEAR señala que, aunque se mantiene la posibilidad de regularizar la situación tras tres años en España, se han introducido condiciones más estrictas en cuanto a la acreditación de medios de vida y la estabilidad laboral. Estas modificaciones podrían dejar fuera a muchas personas que actualmente residen y trabajan en el país, pero que no cumplen con los nuevos requisitos formales.
Otro aspecto polémico es la restricción en la concesión de autorizaciones de trabajo a menores extranjeros no acompañados una vez cumplen la mayoría de edad. Público advierte que esta medida puede incrementar la vulnerabilidad de estos jóvenes, exponiéndolos a situaciones de exclusión social. Antes de la reforma, se facilitaba la obtención de un permiso laboral para favorecer su integración, pero ahora se exige un contrato con condiciones más exigentes, lo que podría dificultar su acceso al empleo.
El reglamento también introduce cambios en el proceso de reagrupación familiar. CEAR explica que los familiares de residentes en España tendrán que demostrar mayores ingresos para poder reunirse con sus seres queridos. Esta modificación afecta especialmente a trabajadores con empleos precarios, quienes podrían ver imposible la posibilidad de traer a sus familias. Las organizaciones que han recurrido la norma sostienen que esta exigencia contradice el principio de unidad familiar reconocido en la legislación internacional.
Desde el Gobierno se ha defendido que la reforma busca modernizar la gestión de la inmigración y garantizar que quienes residan en España puedan hacerlo con condiciones laborales dignas. No obstante, eldiario.es destaca que la norma ha generado malestar entre sectores sociales que la consideran un retroceso en materia de derechos humanos. De hecho, los colectivos que han llevado el reglamento ante el Supremo advierten que algunas de sus disposiciones podrían ser inconstitucionales, al restringir el acceso a derechos básicos sin justificación suficiente.
Otro de los cambios introducidos es la revisión de los criterios para la obtención de autorizaciones de residencia por estudios. Público detalla que, aunque se ha flexibilizado el permiso para trabajar mientras se estudia, se han endurecido los requisitos para renovar la autorización una vez finalizados los estudios. Esto puede afectar a muchos jóvenes extranjeros que, tras completar su formación en España, desean integrarse en el mercado laboral del país.
La norma también regula de manera más estricta el acceso a prestaciones y servicios sociales para personas en situación irregular. Según CEAR, esto podría agravar la exclusión de colectivos vulnerables, limitando su acceso a la sanidad y otros servicios esenciales. Las ONG que han interpuesto el recurso ante el Supremo sostienen que esta medida es especialmente preocupante, ya que puede afectar gravemente a la calidad de vida de miles de personas en situación administrativa irregular.
El debate sobre la reforma sigue abierto, con voces a favor y en contra dentro del ámbito político y social. Mientras las organizaciones recurren algunos de sus artículos, el Gobierno insiste en que la medida busca una mejor gestión de los flujos migratorios y una mayor seguridad jurídica.