El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la creación de un registro obligatorio de lobbies con el objetivo de garantizar mayor transparencia en la toma de decisiones políticas. Según informa Newtral, esta medida obligará a más de 28.000 entidades y personas a inscribirse si desean influir en la elaboración de normativas o políticas públicas. La regulación busca establecer un marco claro para la relación entre los representantes de intereses y las instituciones gubernamentales.
El registro, que será de acceso público, permitirá conocer quiénes intentan influir en la administración y con qué objetivos. El País detalla que estarán obligados a inscribirse empresas, sindicatos, asociaciones profesionales, ONG y cualquier persona física que actúe en nombre de un tercero para influir en decisiones políticas. Además, los inscritos deberán proporcionar información sobre su estructura, financiación y actividades.
Esta nueva normativa también establecerá un código de conducta que los lobbies deberán seguir. Público señala que el incumplimiento de las normas podría derivar en sanciones, incluyendo la prohibición temporal de contacto con autoridades públicas. Con ello, el Ejecutivo busca evitar conflictos de intereses y garantizar que las decisiones políticas respondan a criterios objetivos y no a presiones externas.
Uno de los aspectos destacados de la norma es la obligación de que los altos cargos del Gobierno y de la administración hagan públicas sus reuniones con grupos de interés. Según Newtral, se llevará un registro detallado de estos encuentros, permitiendo a la ciudadanía conocer con quién dialogan los responsables políticos antes de tomar decisiones. De esta manera, se pretende evitar prácticas opacas y reforzar la confianza en las instituciones.
Esta regulación sigue la línea de normativas similares en otros países europeos. El País menciona que la Comisión Europea ya cuenta con un registro obligatorio de lobbies y que varios Estados miembros han implementado sistemas similares. En España, hasta ahora solo algunas comunidades autónomas, como Cataluña o la Comunidad Valenciana, contaban con regulaciones específicas sobre la materia.
El Gobierno también ha defendido que la medida servirá para fortalecer la democracia y evitar la influencia desmedida de ciertos sectores sobre las políticas públicas. Público destaca que esta iniciativa forma parte de un paquete más amplio de reformas orientadas a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones.El texto ahora inicia su tramitación parlamentaria, donde podría sufrir modificaciones antes de su aprobación definitiva.
Newtral señala que algunos sectores han manifestado dudas sobre la efectividad de la norma, mientras que otros han pedido que se amplíen los requisitos de transparencia para garantizar que el registro cumpla con su función. A medida que el debate avance en el Congreso y el Senado, se espera que se incorporen ajustes para perfeccionar la regulación y asegurar su correcta implementación.