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El reciente reglamento de extranjería aprobado por el Gobierno ha provocado una fuerte reacción por parte de diversas organizaciones sociales. Ocho ONG han decidido recurrir ante el Tribunal Supremo algunos de los aspectos de la norma, al considerar que vulnera derechos fundamentales. Según informa eldiario.es, los colectivos denuncian que el texto endurece los requisitos para acceder a la regularización administrativa y dificulta la reagrupación familiar, lo que afectaría negativamente a miles de personas en situación irregular.

Uno de los puntos más cuestionados es la modificación de los criterios para obtener la residencia por arraigo. CEAR señala que, aunque se mantiene la posibilidad de regularizar la situación tras tres años en España, se han introducido condiciones más estrictas en cuanto a la acreditación de medios de vida y la estabilidad laboral. Estas modificaciones podrían dejar fuera a muchas personas que actualmente residen y trabajan en el país, pero que no cumplen con los nuevos requisitos formales.

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la creación de un registro obligatorio de lobbies con el objetivo de garantizar mayor transparencia en la toma de decisiones políticas. Según informa Newtral, esta medida obligará a más de 28.000 entidades y personas a inscribirse si desean influir en la elaboración de normativas o políticas públicas. La regulación busca establecer un marco claro para la relación entre los representantes de intereses y las instituciones gubernamentales.

El registro, que será de acceso público, permitirá conocer quiénes intentan influir en la administración y con qué objetivos. El País detalla que estarán obligados a inscribirse empresas, sindicatos, asociaciones profesionales, ONG y cualquier persona física que actúe en nombre de un tercero para influir en decisiones políticas. Además, los inscritos deberán proporcionar información sobre su estructura, financiación y actividades.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley que reducirá la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales sin disminución salarial. Según informa RTVE, esta medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo, pretende mejorar la conciliación entre la vida personal y profesional, además de aumentar la productividad en las empresas.

El plan establece que la reducción se implementará de manera progresiva, con un primer recorte a 38,5 horas en 2025 y la aplicación total en 2026. Noticias Jurídicas detalla que el borrador de la ley contempla mecanismos para que las empresas adapten sus jornadas sin afectar la operatividad de los sectores más sensibles, como la sanidad y los servicios esenciales.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cumplido con el plazo establecido y ha enviado al Ejecutivo y al Parlamento su propuesta de reforma sobre el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial. Según Legal Today, el acuerdo se alcanzó por unanimidad, aunque las posturas dentro del órgano de gobierno de los jueces han estado marcadas por la división en torno a los modelos planteados.

El debate ha girado en torno a dos opciones principales que se presentan como alternativas para modificar el actual sistema de elección de los vocales del CGPJ. La primera plantea que los jueces elijan directamente a los doce miembros de origen judicial, mientras que la segunda opción mantiene la intervención del Parlamento, pero con ciertos cambios en el procedimiento. Ambas posibilidades han sido recogidas en el informe remitido a las instituciones, según informa La Vanguardia.

El Gobierno ha aprobado una reforma en las leyes de dependencia y discapacidad que introduce cambios significativos en la atención y los derechos de las personas afectadas. Entre las modificaciones más relevantes, se encuentra el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad para todas aquellas personas que hayan sido calificadas como dependientes, eliminando así la necesidad de realizar trámites adicionales para obtener este reconocimiento, según informa 20 Minutos. Esta medida busca simplificar el acceso a beneficios y ayudas, permitiendo que quienes requieran apoyo cuenten con los recursos necesarios sin dilaciones administrativas.

Además de agilizar el reconocimiento de la discapacidad, la reforma establece la universalización del servicio de teleasistencia, garantizando que todas las personas en situación de dependencia puedan acceder a este recurso sin importar el grado que se les haya asignado. Anteriormente, este servicio estaba limitado a determinados niveles de dependencia, lo que dejaba a muchas personas fuera del sistema. Según Legal Today, con esta modificación, cualquier persona dependiente podrá beneficiarse de la teleasistencia, un servicio clave para mejorar la seguridad y la calidad de vida de quienes requieren apoyo en sus actividades diarias.

El Gobierno ha impulsado una nueva normativa que equipara a los influencers con más de 100.000 seguidores a los medios de comunicación en lo que respecta a la difusión de información. Esta medida pretende reducir la propagación de noticias falsas en redes sociales y plataformas digitales, obligando a estos creadores de contenido a rectificar cuando publiquen información errónea o inexacta, según informa RTVE. La iniciativa busca garantizar que los usuarios con una gran audiencia en internet asuman mayores responsabilidades al compartir contenidos, especialmente cuando estos puedan generar confusión o desinformación.

De acuerdo con El País, la ley de rectificación se aplicará a quienes cumplan con el criterio de audiencia establecido y que, mediante sus publicaciones, influyan en la opinión pública de manera significativa. Este nuevo marco legal responde a la creciente preocupación por la expansión de bulos y noticias falsas a través de redes sociales, donde muchas veces la información incorrecta se propaga sin control y sin las mismas exigencias que rigen a los medios tradicionales. Hasta ahora, las plataformas digitales no contaban con una regulación específica que exigiera a los creadores de contenido retractarse de manera clara y visible cuando difundían datos erróneos.